Pero los pagos de intereses siguen acumulándose, y con el tiempo pudieran opacar los otros gastos del gobierno llevando a impuestos considerablemente más altos o recortes en servicios básicos como Seguridad Social y otros programas públicos federales.

Una desaceleración económica mayor que algunos economistas dicen pudiera estar cerca aceleraría el arribo de ese momento.

Según su presidente, Arturo Rodríguez, la organización firmó recientemente un acuerdo con el gobernador de Michoacán para ayudar a reclutar trabajadores mexicanos de ese estado que apliquen a trabajos temporales en cultivos en Estados Unidos.

El sindicato negociará los contratos con los cultivadores para garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores y serán los patronos quienes tramiten las solicitudes para visas de trabajo temporal H-2A.

"El proceso de contratación mediante la visa de trabajo H-2A es específicamente diseñado para atender necesidades temporales en la producción agrícola, tales como temporadas de cosechas, plantación y proceso del producto", dio hoy a Efe Joaquín Calderón, asesor de proyectos del Centro de Trabajo de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA.

El empleador debe estar directamente relacionado con la actividad agrícola y tiene que demostrar una escasez doméstica de trabajadores capacitados para desempeñar la labor, señaló Calderón, quien agregó que el contrato no puede exceder el período de un año.

El Departamento del Trabajo explica en un instructivo, que los empleadores que anticipen una escasez de mano de obra deben procesar su solicitud 45 días hábiles antes del inicio del trabajo.

La UFW decidió intervenir en el asunto, al constatar el abuso que sufren muchos trabajadores agrarios, a quienes reclutadores mexicanos les cobran hasta 5.000 dólares por vincularlos a contratos de corto tiempo bajo la actual legislación, aseguró Erik Nicholson, director de UFW Internacional.

Según los representantes del sindicato, la redadas de inmigración y las multas a los empleadores que contraten indocumentados han llevado a una escasez de trabajadores en los estados del país con mayor actividad agrícola.

"La reglamentación exige que los cultivadores que piensan contratar personal extranjero, demuestren un esfuerzo serio de reclutamiento dentro el país, en las zonas donde se espera que existan estos trabajadores", indicó Calderón.

Para tal fin, los cultivadores deberán desarrollar campañas de anuncios en medios de comunicación y los requisitos que se exijan deberán ser los estrictamente necesarios para el desempeño de la labor, similares a los que exigen otros cultivadores que no contratan personal foráneo, señaló el asesor.

De la misma forma, los salarios, seguros y beneficios que reciban los trabajadores temporales extranjeros serán similares a los ofrecidos por la industria agraria para trabajadores estadounidenses.

El acuerdo firmado entre la UFW y el estado de Michoacán compromete a las autoridades locales mexicanas a promover y asesorar el proceso de adquisición de visas, de acuerdo con Rodríguez.

Las autoridades del estado mexicano promoverán la vinculación de personas a este programa, especialmente en la áreas rurales.

Estadísticas recopiladas por el Movimiento Agrícola Estadounidense revelan que la fuerza laboral agraria en los Estados Unidos llega actualmente a 1,6 millones de trabajadores, de los cuales se calcula que 70 por ciento son indocumentados .

Sólo 70.000 trabajadores agrícolas fueron traídos del exterior al país en 2007 por medio de las visas H-2A según el Departamento del Trabajo.

“Unos 2 millones de familias podrían caer bajo el nivel de pobreza”, enfatizó Donald F. Terry, director del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).

El factor de discriminación es nuevo. En el 2001, cuando el BID empezó a hacer el estudio, solo el 37% de los inmigrantes consideraba la discriminación como un problema para encontrar un trabajo bien pagado.

Ahora el 68% siente miedo por el futuro y el 28% dijo que estaba considerando volver al país de origen. Las mayores caídas en el envío de dinero se dan en estados donde aprobaron leyes contra indocumentados: Pensilvania, Texas y Georgia. Los que más envían son California, Nevada, Colorado, Washington y Massachusetts.

Indicó que la campaña se llevará a cabo en el local de la institución, ubicado en el 368 de la Avenida 21, Paterson, entre la Avenida Madison y la calle 19, de 9:00 a.m. y 5:00 p.m.

Mantilla recordó que durante la anterior campaña realizada en la Alcaldía de Paterson, muchas personas iniciaron sus trámites antes del aumento de tarifas de inmigración que se produjo el 30 de julio. “Ahora se tiene que aprovechar antes que cambien las preguntas que realizan en el examen de ciudadanía”, agregó.

“Tendremos un grupo de voluntarios para llenar la solicitud N400 y entregaremos gratuitamente una guía de estudios para el examen y la entrevista con Inmigración”, dijo Mantilla.

“La ciudadanía nos da el derecho al voto y muchos beneficios para poder desarrollarnos en los Estados Unidos con mejores oportunidades de educación y empleo”, dijo finalmente.

La ciudadanía americana es uno de los más altos privilegios que otorga la nación norteamericana y el más importante beneficio concedido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Hay dos formas de alcanzar la ciudadanía estadounidense: por nacimiento o por naturalización.

La naturalización es el proceso con el cual se otorga la ciudadanía estadounidense a un extranjero que cumple con los requisitos establecidos por el Congreso en el Acta de Nacionalidad e Inmigración. Los requisitos generales son:

Un periodo de continua residencia y presencia física en los EE.UU., habilidad para leer, escribir y hablar el inglés, conocer y entender la historia y el gobierno de los EE.UU., mantener un carácter moral, adherirse a los principios establecidos por la Constitución de los EE.UU. y mantener una disposición favorable hacia esta nación.

Entre los documentos que se piden llevar este domingo para el llenado de solicitudes N400, está la Tarjeta de Residencia (Allien Card), la Tarjeta del Seguro Social (Social Security Card) y el pasaporte. Dado que el cupo es limitado, se pide llegar temprano. Para mayor información llamar al (973) 279-3100 y (973) 977-8988.

“La cuestión fundamental es si este estado estará más seguro con 1 millón de inmigrantes indocumentados que viven en el estado y conducen sin licencias de conducir o si los sacamos de las sombras y sabemos quienes son. Esta es la única opción para aumentar la seguridad pública y nacional”, dijo el gobernador Eliot Spitzer en un encuentro con estudiantes del Centro de Leyes de la Universidad de Nueva York

“Un número de Seguro Social es sólo un número con un nombre. Pero un pasaporte no sólo tiene las huellas digitales y una fotografía, sino que debe de cumplir normas internacionales de seguridad para que sea expedido”, añadió.

La concesión de licencias de conducir en Nueva York -a partir de diciembre y en diferentes fases- a inmigrantes indocumentados, como se hace en 8 estados del país, ha lanzado un intenso debate nacional de grupos antiinmigrantes, que consideran que esta medida favorecería la inmigración ilegal y el terrorismo.

La última estrategia para intentar revocar esta medida comenzará el lunes, cuando los senadores republicanos presenten un proyecto de ley para que los solicitantes de licencias de conducir residan legalmente en el país. El proyecto, para que se convierta en ley, necesita que apruebe también en la Asamblea –de mayoría demócrata- y que sea firmado por el gobernador, algo que los expertos consideran improbable.

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El sindicato de la policía de Phoenix quiere reportar a todos los que sean sospechosos de ser indocumentados a los agentes federales.

La Asociación de Policía de Phoenix le presentó una propuesta a la policía de Phoenix para que cambie una política que le prohibe a los agentes ponerse en contacto con agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en casos sospechosos que no sean arrestos por delitos mayores.

“No vamos a detener a la gente únicamente para verificar su estado (migratorio)”, aseguró. En cambio, la Asociación de la Policía de Mesa apoya al jefe de la policía, George Gascon, en su labor de concentrarse en las áreas de mayores índices de criminalidad en Mesa, en lugar de que un agente utilice su tiempo en rastrear el estado migratorio de los residentes de Mesa.

Kat Rodríguez, representante de la Coalición de los Derechos Humanos en Arizona, dijo ayer a Efe que estas cifras se refieren solamente a los cuerpos que se lograron recuperar “y que por lo menos se pudo establecer que eran mujeres".

Explicó que desde el 1 de octubre de 2006 y hasta el pasado 30 de septiembre también se recuperaron los cuerpos de cinco personas más, cuyo sexo no pudo ser establecido, por lo que el número de muertes de mujeres puede ser mayor.

Estos datos están basados en información de las oficinas del médico forense de los condados fronterizos de Pima, Yuma y Cochise en la frontera entre Arizona y Sonora (México).

La Patrulla Fronteriza no ha dado a conocer las cifras oficiales para el año fiscal, pero hasta el pasado 31 de agosto habían fallecido 186 inmigrantes indocumentados, según cálculos de la entidad. En esta región se registra el mayor número de muertes y arrestos de inmigrantes indocumentados en toda la frontera entre EE.UU. y México.

Rodríguez, quien frecuentemente visita albergues para inmigrantes ubicados en la frontera dijo que cada vez es más frecuente la presencia de mujeres que intentan cruzar la frontera.

“Algunas de ellas vienen con sus esposos, otras solas, otras con sus hijos”, denunció la activista.

Agregó que anteriormente la mujer trataba de cruzar la frontera con el propósito de reunirse con su esposo que vive y trabaja en algún estado del país.

“Ahora estamos viendo mujeres que viajan solas, madres solteras que son la cabeza de familia y que salen de su país para ofrecer una vida mejor a sus hijos o sus padres”, señaló Rodríguez.

Este año cerca del 40 por ciento de los cuerpos recuperados no ha sido identificado, algo que preocupa a los activistas ya que muchas familias no saben ni siquiera que su ser querido falleció en su intento por cruzar la frontera.

Otros casos son más trágicos como el de María Hernández Escobedo, de 39 años y originaria del estado mexicano de Durango.

La mujer cruzó la frontera junto con sus dos hijas de 10 y 11 años de edad cerca de la población fronteriza de Bisbee. Cuando comenzó a sentirse mal y sufrir alucinaciones por la falta de agua, sus hijas la dejaron debajo de un árbol para pedir ayuda a un agente de la Patrulla Fronteriza.

Los agentes encontraron el cuerpo de la mujer horas después el pasado 16 de septiembre.

“Fue una verdadera tragedia, ¿saben lo que es para unas niñas de 10 y 11 años ver morir a su madre?”, preguntó Rodríguez.

Expresó su preocupación ante el hecho de que en los próximos meses las muertes aumenten debido a las redadas que realiza el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en todo el país.